No suelo escribir muchos artículos de opinión, normalmente me enfoco en tratar temas que resuelvan problemas a los demás, pero de vez en cuando toca desfogarse un poquito.
Hoy me centraré en los parches del Gobierno para paliar el efecto de la inflación a los ciudadanos, especialmente en el tema inmobiliario.
Que conste que sí que me afecte la medida, pero por otro lado no me hace un roto, porque soy más previsor que dejar mi suerte a las políticas fiscales. Mi queja va más por el enfoque político del asunto y la inseguridad que nos genera una vez más a los inversores. Sí, ya sé que quizás tú no inviertes y crees que esto no va contigo, pero debes saber que cualquier inversión promueve la economía, y por tanto si nos convertimos en un régimen comunista caribeño, al final, aquí no van a venir ni las gaviotas.
Entremos al meollo. Para paliar la inflación el gobierno limita las subidas de los alquileres a un máximo de un 2%, cuando el último dato interanual era en cambio del 7.6%. Es decir, se protege al inquilino (cosa que me parece estupenda) a costa de empobrecer al propietario (el diferencial entre el IPC real y el 2% de subida). Es decir, enchufa una política social a los inversores quienes se ven obligados a sufragarla.
Para más inri, resulta que hay propietarios cuyo precio del alquiler está limitado por la ley de regulación de precios de Cataluña, que para colmo ahora se declaró nula, pero que a efectos prácticos los contratos que ya están firmados en base a la misma no se pueden anular. Así que tenemos un inversor con un precio de alquiler a mínimos del mercado (por debajo de este en la realidad) y cuya única herramienta era el IPC (si es que fue hábil para marcarlo en el contrato, en caso contrario no tiene derecho a ello tampoco) y ahora se le limita. Toma doble patada mortal. Ya os avanzo la consecuencia no deseada de esta situación: menos oferta de alquiler.
Si es que peor no se puede legislar! Y ahora me dirás: Vale listo, ¿y tú que harías? Pues hay varias vías, desde ayudar al inquilino con una rebaja fiscal, un incentivo fiscal para el arrendador o bien bonos de ayuda (para el arrendador o el arrendatario, dependiendo de la fórmula final). Porque al final, con la propuesta del Gobierno se está privatizando una medida social, y las políticas sociales son para que se sufraguen entre todos los ciudadadanos y por ende se costeen vía impuestos, no vía limitaciones al privado.
Venga, que es la segunta patada bajero al inversor, y por ello me reservo la foto que ya preparé en su día:
No quiero asustar, pero el Gobierno recién ha aprobado la política de racionamiento de compras en el supermercado y meses atrás aprovó una ambigua ley por la que puede expropiar, usar o ocupar aquello que precise necesario en caso de emergencia. Cada vez nos parecemos más a Cuba.
En resumen cualquier medida política que nos acerque más al empobrecimiento del ciudadano y al comunismo es muy bienvenida actualmente. Estoy convencido que les convienen personas dependientes del sistema, por ello la propiedad privada y el bienestar social son un impedimento. Por eso el derroche en políticas improductivas que aumenten desorbitadamente la deuda pública es clave.
No voy a decir aquello de disfruten lo votado, porqué no creo en el sistema actual de partidos, ni en la honestidad de los políticos ni tampoco en que los procesos electorales sean transparentes. Más bien la reflexión sería a ver cuando despertamos y creamos un sistema nuevo, con más oportunidades y más equitativo, donde no se tenga que distribuir limosna porque todos los ciudadanos tengan unos niveles de vida dignos.
